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Ley de insolvencia en España

Insolvencia en la union europea

El Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 62 se refiere a las cuestiones de jurisdicción, reconocimiento y ejecución, derecho aplicable y cooperación en los procedimientos transfronterizos de insolvencia, así como con la interconexión de los registros de insolvencia. Su ámbito de aplicación abarca los procedimientos preventivos que promueven el rescate de un deudor económicamente viable, así como los procedimientos que dan una segunda oportunidad a los empresarios. En caso de quererte contactar con abogados ley segunda oportunidad, recomiendo que sigáis el link que os dejo en dónde recibiréis ayuda de gente que sabe del tema y al momento, en caso de que seas una empresa o persona física están especializados en endeudamientos. Sin embargo, el Reglamento (UE) 2015/848 no aborda las discrepancias entre esos procedimientos en la legislación nacional. Por otra parte, un instrumento limitado a las insolvencias transfronterizas no sólo sería eliminar todos los obstáculos a la libre circulación, ni tampoco sería factible para los inversores para determinar de antemano la naturaleza transfronteriza o interno de las futuras dificultades financieras potenciales del acreedor. Por lo tanto, hay que ir más allá de las cuestiones de cooperación judicial y establecer normas mínimas sustantivas.

Deudores empresariales

Es necesario reducir los costos de la reestructuración tanto para los deudores como para los acreedores. Por lo tanto, deben reducirse las diferencias que dificultan la reestructuración temprana de las empresas viables en dificultades financieras y la posibilidad de una segunda oportunidad para los empresarios honestos. Esto debería aportar mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en la Unión. Además, debe maximizar los rendimientos de todos los tipos de acreedores e inversores y fomentar la inversión transfronteriza. Una mayor coherencia debería facilitar también la reestructuración de grupos de empresas, independientemente de dónde se encuentren los miembros del grupo en la Unión.

Eliminar los obstáculos a una reestructuración eficaz de las empresas viables en dificultades financieras contribuye a reducir al mínimo las pérdidas de puestos de trabajo, las pérdidas de los acreedores en la cadena de suministro, preserva el conocimiento y las aptitudes y, por lo tanto, beneficia a la economía en general. Facilitar una segunda oportunidad para los empresarios evita su exclusión del mercado de trabajo y les permite reiniciar las actividades empresariales, extrayendo lecciones de la experiencia pasada. Por último, la reducción de la duración de los procedimientos de reestructuración daría lugar a mayores tasas de recuperación para los acreedores, ya que el paso del tiempo normalmente sólo daría lugar a una nueva pérdida de valor para la empresa. Además, los marcos eficaces de insolvencia permitirían una mejor evaluación de los riesgos de las decisiones de préstamo y endeudamiento y facilitarían el ajuste de las empresas sobreendeudadas, minimizando los costos económicos y sociales que entraña su proceso de desapalancamiento.

Reestructuración de deuda empresarial

En particular, las pequeñas y medianas empresas deberían beneficiarse de un enfoque más coherente a nivel de la Unión, ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a los elevados costes de reestructuración y aprovechar los procedimientos de reestructuración más eficaces en algunos Estados miembros. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente cuando se enfrentan a dificultades financieras, a menudo no tienen los recursos para contratar asesoramiento profesional, por lo tanto, se deben poner en marcha herramientas de alerta temprana para alertar a los deudores de la urgencia de actuar. A fin de ayudar a estas empresas a reestructurarse a bajo costo, los planes de reestructuración de modelos también deberían elaborarse a nivel nacional y estar disponibles en línea. Los deudores deben poder utilizarlos y adaptarlos a sus propias necesidades ya las especificidades de su negocio.

 

Es conveniente excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los deudores que sean empresas de seguros y de reaseguros definidas en los puntos 1 y 4 del artículo 13 de la Directiva 2009/138 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo 63, Definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (CE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 64, las empresas de inversión y los organismos de inversión colectiva definidos en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (CE) nº 575/2013, las contrapartes centrales definidas en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 65, depositarios centrales de valores tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 66 y otras entidades y entidades financieras enumeradas en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo 67. Éstas están sujetas a disposiciones especiales y las autoridades nacionales de supervisión tienen amplios poderes de intervención.